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El impago de condenas judiciales por parte del Estado


EL NO PAGO POR EL ESTADO DE CONDENAS JUDICIALES EN SU CONTRA

Recientemente se expidió por el Gobierno nacional el Decreto 960 de 2021 con el que aspira a lograr que se pueda hacer realidad el mitigar la carga financiera que le significa el permanecer en condiciones de deudor moroso, circunstancia que ha llevado a incrementar su pasivo en ese rubro de una manera insostenible. La mirada que ha movido al estado colombiano a buscar una alternativa de solución a esa problemática parece haberse agotado en razones de corte económico, las cuales, en verdad, son importantes y graves y por sí solas llevan a que se deba resolver el problema, pero no son las únicas que han debido tenerse en cuenta para mover la voluntad estatal hacia una solución como la que en principio ha querido plantearse y que quizás puedan llevar a que se mire el asunto con una lente adicional, la que indica que es un problema que afecta la legitimidad misma del Estado y que día tras día horada la credibilidad de los asociados en sus instituciones, en particular las de justicia.
En marzo de 2014 la Agencia Para la Defensa Jurídica del Estado dio a conocer un documento en el que se hacía un “Análisis del procedimiento de pago de créditos judiciales”, en el que advertía que “el punto de la regulación que mayor impacto tiene sobre el monto (..) que paga La Nación por intereses de mora es el hecho que da inicio al procedimiento de pago”, pues la gran mayoría de las entidades lo hacen a partir de la solicitud del beneficiario, con lo que se le trasladaba a éste el control sobre los intereses de mora. Aseguraba entonces el estudio en mención que esta decisión, la de esperar para iniciar el trámite de pago a la radicación de la solicitud por parte del beneficiario le costó al Estado en 2012 la suma de setenta mil millones de pesos.
Tras avanzar en el examen de aspectos normativos que regulaban la atención de esas obligaciones llegó a concluir: “(…) si bien existe una norma que impone al beneficiario presentar la primera copia auténtica de la sentencia para recibir el pago, esto no niega la posibilidad de que la entidad inicie el procedimiento de pago desde el momento en que es notificada la sentencia en su contra”.
Y agregó: “(…) El mismo decreto que incluye la obligatoriedad de la primera copia establece la posibilidad de realizar el pago de sentencias a través de depósito judicial, una posibilidad que sólo es llevada a la práctica por la DIAN”.
Por eso resultaba saludable -desde la mera óptica de la conveniencia económica para la Nación- la idea de financiar, como lo contempla el Plan Nacional de Desarrollo, el pago de la crecida deuda insoluta por concepto de condenas judiciales con la emisión de bonos de deuda pública que permitiera a las entidades deudoras hacerse a la liquidez suficiente para atender sus obligaciones vencidas en ese rubro, pero, la regulación que sobrevino para permitir la ejecución de tan acertada política frustró tal posibilidad, pues el Decreto 642/20, al reglamentar el art. 53 de la Ley 1955 de 2019, antes que buscar ese propósito privilegió el principio de eficiencia fiscal -que, por supuesto, resulta mandatorio tener presente, pero que dudo se sirva en realidad con el mecanismo concebido en el decreto- para lo que regresó el trámite de pago de obligaciones ciertas al de la negociación por el camino de convocar a jornadas de “acuerdos de pago” en condiciones ciertamente onerosas para los beneficiarios de esas condenas y sin considerar, además, la limitada capacidad logística con que contaban las entidades deudoras para acometer esa tarea. El resultado real es que a marzo 31 de 2021 el saldo total de lo adeudado solamente por el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Rama Judicial y el Instituto Nacional de Vías, sin contar otras entidades, alcanza la suma de 11.062.723.063.553, según resulta de los estados financieros de esas entidades que se publican en las páginas web.
La nueva regulación dirigida a modificar el Decreto 642 de 2020 procura dar un nuevo aliento a la política de pago concebida por la Ley 1955/19, pero ese nuevo esfuerzo reproduce en esencia, dándole un plazo adicional, lo que no demostró antes ser exitoso ni eficiente, mientras tanto crece a grandes pasos lo adeudado por intereses de mora a cargo del Estado y continúa deteriorándose la imagen de las distintas instituciones, de manera especial la de la justicia.
No puede olvidarse que, como reiteradamente lo han señalado las distintas Altas Cortes y, de manera particular la Corte Constitucional, que el cumplimiento de las decisiones judiciales (y esto incluye al Estado cuando resulta obligado por una decisión de tal naturaleza) “es un elemento constitutivo del derecho de acceso a la administración de justicia, el cual no se agota en la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino que su materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico” . No entenderlo y asumirlo así debilita la democracia y desestabiliza el sistema jurídico, también ha indicado la Corte Constitucional.
Tampoco puede dejarse de lado que debe hacerse conciencia del profundo significado que tiene para la sociedad y el Estado una condena que el juez del estado (de cualquier orden que sea) fulmine contra él. Constituye un reproche por su mal actuar, pero -al mismo tiempo- una forma de reparar ese daño, por lo que no cumplir con la condena revictimiza a quien buscó se hiciera justicia por ese mal actuar. Esperemos que esto no sea lo que continúe ocurriendo con la nueva regulación a la que se hizo referencia.


Hernán Andrade R.
Exmagistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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